Hace poco criticábamos la tan torpe como abusiva idea que el Gobierno ha encontrado para relanzar Petro-Perú, volviéndola en la lapa de las empresas privadas interesadas en participar en licitaciones para obtener concesiones petroleras en nuestro territorio.

Sostuvimos entonces que obligar a estas empresas a entregar entre el 25% y el 49% de las acciones de sus proyectos a una empresa estatal que a cambio no asumirá riesgo alguno en el negocio (Petro-Perú pagará sus acciones con las utilidades que el negocio produzca, si las produce) y aportará cero experiencia en el mismo no solo muestra una vergonzosa actitud de frescura por parte de nuestro Estado, sino que además perjudicará la buena asignación de nuestros recursos petroleros. Después de todo, el obligatorio porcentaje de Petro-Perú en las utilidades del negocio en realidad supone un impuesto adicional que restará rentabilidad a aquel y que, por lo tanto, disminuirá el número y seguramente también la calidad (dada la “seriedad” de todo el esquema) de los interesados entre los que el Estado podrá elegir en sus licitaciones petroleras.

Pues bien, parece que el Gobierno ha encontrado qué hacer con su pésima idea: replicarla en otros sectores.

En efecto, según anunció Carlos Paredes, ministro de Transportes y Comunicaciones, Enapu participará en las próximas concesiones portuarias, siendo “incorporada como socia” y gozando “de un porcentaje de los ingresos [solo de los ingresos]” que logren generar el trabajo y las inversiones de las empresas privadas con las que se asocie. Así, dijo el ministro, se podrá “fortalecer a la entidad estatal”.

El gran misterio, desde luego, es por qué habría que fortalecer o, para el caso, mantener viva a Enapu, una empresa que fracasó consistentemente en todo lo que se planteó desde que fue creada y que, de hecho, tiene tal desastre de gestión que –según comentó el ministro en el mismo acto sin aparentemente notar ironía alguna– ni siquiera puede pagar los US$300 millones que debe a sus pensionarios y que, consiguientemente, tendremos que pagar todos los contribuyentes.

Nadie debe subestimar el tamaño del daño que el desastre de gestión al que aludimos ha hecho a la economía nacional en todas las décadas en las que Enapu ha existido, ni el que podrá seguir haciendo en el futuro. Hasta antes de la concesión del puerto de Matarani y del Muelle Sur del Callao, luego de décadas de monopolio estatal de los puertos, el Perú ocupaba ni más ni menos que el penúltimo puesto mundial en calidad de infraestructura portuaria, según el Índice Global de Competitividad. Nada de extrañar si consideramos que hasta antes de su concesión el puerto del Callao era el único puerto importante del Pacífico que no tenía, por increíble que parezca, una sola grúa.

Bastaron las concesiones de los dos puertos antes mencionados (las dos únicas que hasta ahora se han podido hacer) para que el Perú pase al puesto 98 de 142 en el antes mencionado ránking (quedando, eso sí, aún muy atrás de Chile, que concesionó hace mucho tiempo sus puertos y que ocupa el puesto 34 en el mismo ránking). Solo el Muelle Sur, luego de la concesión, ha recibido una inversión de más de US$400 millones en obras, dragado y compra de 18 grúas patio y 6 grúas super post panamax que le permiten atender barcos de 337 metros y que están convirtiéndolo en un ‘hub’ regional. Todo lo que, sumado a la diferente eficiencia de la gestión privada (con Enapu un barco era atendido en 4 días en promedio, con el operador privado es atendido en 12 horas), ha generado un ahorro de US$21.000 en el flete por barco, para notable beneficio de nuestros consumidores y nuestros exportadores.

¿Qué sentido tiene entonces que un gobierno anuncie con tranquilidad y hasta orgullo que va a “fortalecer” un hueco? El único motivo posible es, desde luego, ideológico. Se cree que se puede demostrar que las empresas estatales sí pueden ser eficientes si se hace funcionar a Enapu montándola sobre las espaldas de un privado que asumirá todos los riesgos, que pondrá todo el ‘know-how’, toda la inversión y toda la gestión, y que, sin embargo, tendrá que entregar parte de sus utilidades a la empresa estatal.

Nos deja perplejos que de verdad se crea que con una fórmula así se podrá engañar a alguien. Hubiéramos creído que estaría clarísimo para todos que, si el esquema marcha, el Estado habrá tenido éxito poniendo a funcionar una sanguijuela, no una empresa.

Editorial de "El Comercio": Sangujuela S. A.