Editorial de El Comercio: JUEVES 5 DE JULIO DEL 2012

El Gobierno no debe retroceder en su redescubierta intención de hacer valer la ley.

Estado de Emergencia quiere decir, entre otras cosas, que están prohibidas temporalmente las manifestaciones políticas. Entonces, si uno es colíder de un movimiento que ha provocado la declaración de un estado de emergencia luego de atacar con balas y cohetes a una municipalidad y sale al día siguiente de la declaración de ese estado a la plaza de la ciudad a participar de un nuevo intento de manifestación, hacer ahí mismo una rueda de prensa y luego estacionarse en una banca con letreros adheridos al cuerpo, uno puede únicamente estar pensando tres cosas. O que el Gobierno solo está bromeando con lo del “estado de emergencia”; o que no está bromeando pero a la hora de la verdad no se atreverá a aplicarlo, por lo que saliendo a retarlo es posible dejarlo sin ninguna autoridad y a merced de la violencia; o que sí se atreverá a aplicarlo y que la consiguiente detención, manejada con inteligencia, podría ser beneficiosa para el detenido, dejándolo como un mártir de la “protesta social”. En cualquiera de las tres opciones una cosa permanece igual: al salir a esa plaza bajo esas condiciones uno se está burlando, pública y directamente, de la ley y en la autoridad del gobierno.

Así las cosas, lo único extraño de una detención como la de Marco Arana es que cualquiera con ánimos de honestidad pueda llamarla un “escándalo”, un “atropello”, un “abuso”, en lugar de lo que es: “una estricta aplicación de la ley” (y hecha para detener una violación dolosa de la misma). Aunque, pensándolo bien, eso no es lo único “extraño”; también lo es que Arana haya sido “golpeado mucho” y luego golpeado más, con “puñetes en la cara” y en los riñones, según ha ‘tuiteado’ libremente desde su inclemente prisión, por un grupo de salvajes y descontrolados policías que, eso sí, tuvieron la consideración (por lo visto) de dejarlo en posesión de su celular, para que pueda usarlo al gusto y declarar al mundo exterior.

Lo que sí es un “atropello”, por otra parte, es que uno se pretenda un santón (semi) laico del ecosistema cuando colidera una causa basada en una mentira: que está en riesgo el agua de Cajamarca. Lo que va a ocurrir con la construcción de los reservorios de Conga, según confirmó el peritaje internacional al que desde un comienzo Arana y compañía le escurrieron el bulto, es que habrá varias veces más agua, y de la usable (a diferencia del agua mineralizada de las 4 lagunas). Acaso por esto es que varios líderes “anti-Conga” han aceptado repetidas veces que las lagunas no son el fondo del asunto –es decir, son solo una excusa– y que de lo que se trata es del “modelo neoliberal” y el “cambio de Constitución”.

Lo que también es un “abuso” es que uno hable de “paz” y declare contra la violencia, cuando ese movimiento que uno colidera ha causado cuatro muertos solo entre ayer y hoy, llegando a bloquear una ciudad entera (y eso para no contar los muertos de Espinar, donde el alcalde del partido de Arana lideró, también fundado en una mentira, un levantamiento que incluyó dos secuestros, varias quemas y un ataque en masa a la policía).

Un “escándalo”, en fin, debiera ser que uno se pretenda demócrata, cuando se arroga sin votación alguna la representación de todo un pueblo (pese a haber tenido un ínfimo apoyo las veces que ha participado de elecciones) y hace como si no existiese, por ejemplo, la cada vez más visible parte de la ciudadanía cajamarquina que se opone a estos paros y apoya el proyecto Conga (incluyendo a las 32 comunidades campesinas aledañas al mismo). Y peor aun, cuando uno incluso justifica públicamente que una turba “enardecida” ataque una municipalidad porque su alcalde cometió el crimen de expresar una opinión favorable a dicho proyecto.

Esta vez el Gobierno parecería estar decidido a hacer valer la ley. Hacemos nuestros mejores votos para que no termine dando marcha atrás y comprándose el discurso de quienes deploran la “violencia” cuando la policía se defiende, pero no cuando se queman autos e inmuebles, se ataca una municipalidad, se secuestran autoridades y se dispara contra los efectivos del orden. Estas personas no están en contra de la violencia, lo que quieren es tener su monopolio y, ante una “autoridad” que no acabase de comprender el porqué de su nombre, podrían acabar por tenerlo.